Organización Internacional del Trabajo admite recursos por despidos de trabajadores por firmar solcitud de referéndum contra Maduro

La comunicación del gobierno a la Organización Internacional del Trabajo no impidió que su Consejo de Administración admitiera ayer la queja de la Unión de Acción Sindical y Gremial sobre el irrespeto al convenio 111 de la OIT con los despidos de empleados públicos que apoyaron el referéndum revocatorio.

Roger Palacios, representante de la UASG, informó que el gobierno deberá comparecer una vez más ante la OIT por violaciones graves a la libertad sindical, la discriminación por motivos políticos y la no protección del salario de los trabajadores.

Destacó que las autoridades venezolanas han demostrado poco interés para poner en práctica los compromisos adquiridos en materia laboral al suscribir los convenios de la OIT.

Palacios asistió a la 328 Reunión del Consejo de Administración de la OIT en Ginebra, Suiza, celebrada desde el 27 de octubre hasta ayer. “Ha sido admitida por la mesa del Consejo, la Queja Artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el gobierno de Venezuela por las reiteradas y flagrantes violaciones a la libertad sindical, la discriminación por motivos políticos y la desnaturalización que está sufriendo el salario de los trabajadores de Venezuela, producto de su bonificación por decreto presidencial”, señaló Palacios.

La queja fue presentada en junio pasado durante la 105 Conferencia de la OIT con el apoyo de los delegados trabajadores de Brasil, Panamá, México, Colombia, Republica Dominicana y Paraguay, entre otros, y el respaldo de la Nobel, Central de Trabajadores de las Américas de Alternativa Democrática.

Palacios expresó que por primera vez en la historia de la OIT, el gobierno de un país es examinado por dos quejas (artículo 26 de la Constitución de la OIT) de los empleadores y los trabajadores. “Ambos reclamos demuestran la gravedad de la situación laboral en Venezuela”.

El fondo de la queja será analizado en la próxima reunión del Consejo de Administración en marzo de 2017. En su informe, la instancia de la OIT llama al gobierno de Nicolás Maduro a presentar sus observaciones, a más tardar, el 10 de enero próximo.

La UASG la integran la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Central General de Trabajadores, la Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela y la Unión Nacional de Trabajadores.

Servando Carbone, coordinador de Únete, reveló que el gobierno “sacó de la manga la propuesta a Fedecámaras de incluirla en el diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática, para impedir la venida al país de una comisión de encuesta de la OIT solicitada por la Organización Internacional de Empleadores, en su queja, a nombre del empresariado venezolano”.

Carbone considera que el gobierno cierra cualquier posibilidad de acercamiento con Fedecámaras cuando en la comunicación a la OIT la acusa de estar asociada con Únete para desestabilizar políticamente al país.

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