Arena de ecocidas y asesinos

El Vaticano estudia posibilidad de excomulgar a corruptos y mafiosos, acusado ante el Ministerio Público por ilícitos administrativos, despotismo y vinculaciones con el narcotráfico, el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, no escaparía del castigo eclesial, que se haría ineludible dados ciertos agravantes, el escritor Joel Figueroa ha tratado al mandatario regional y su “entorno familiar, laboral y político” de “asesinos”, con pruebas irrefutables, y eso dentro de tanta hipocresía política, involucra la degradación extrema de su gestión de gobierno fijando una tendencia claramente delincuencial, confirmando el hecho de que Venezuela es el único caso de un país tomado por asalto por una banda de criminales.

Secuaz de excepción de la camarilla narcopsuvista, fiel a la estrategia del chavismo de criminalizar a la disidencia, hace gala de absurdo abuso del gobierno regional de Yaracuy contra su pueblo, con alevosía, odio y violencia, incurriendo en crímenes de lesa humanidad. Es la sevicia de León Heredia, acrecentada sitiando a pobladores de los márgenes de quebradas y ríos yaracuyanos, acosados y amedrentados por ser considerados obstáculos del saque indiscriminado de arena, los ahorca con un control policial orquestado para la trampa de la arena en Yaracuy, el mejor negocio que ha habido nunca y nunca habrá para capos de la arena como Donato Ramaglia, propietario del Motel Guama, donde según Figueroa montaron “el centro de totalización paralelo en las elecciones regionales del 2008”, y Alfonso Ricardo Peña Lafaurie, que con su hermano Luis poseen empresas fantasmas en Panamá, además, de la mano de Ramaglia fustigan a productores agrícolas de El Peñón y Los Cañizos. Vale destacar que los hermanos Peña Lafaurie son familiares de Francisco Santana, un arenero que cometió impunemente un ecocidio en Vigirima, vía los Petroglifos, en el Estado Carabobo.

El cuerpo del delito: daños ambientales al planeta, públicos, notorios y comunicacionales, es decir, ciertos, tangibles y verificables, los cuales no ameritan ser probados, de acuerdo a nuestra legislación vigente, y que exigen sanciones en todos los órdenes. Los cómplices necesarios por acción u omisión, igual de responsables que el gobernador León Heredia y sus capos areneros, son José Rafael Morales Guarecuco, Jefe de la Oficina Regional del Ambiente, así como su antecesora, Celia Albarrán; Yesennia Dávila, Fiscal Superior del Ministerio Público; María Carolina Márquez, Fiscal Sexto con competencia ambiental; Ramsés Ochoa, Juez Primero Agrario, también su antecesor, Cesar Augusto Rodríguez; José Luciano Vito, quien fue Juez Superior Agrario, hoy cumpliendo funciones en el TSJ; la Guardia Nacional, Policía del Estado Yaracuy y el Defensor Delegado del Pueblo, Oscar Vaquero, de triste memoria en la corruptela de Carlos Giménez.

“El pueblo que se joda”, comentó un agricultor de Guama al relatar atropellos cometidos por la fuerza policial en favor de Ramaglia, siguiendo órdenes de David Lozán, lugarteniente del gobernador, señalado de cometer innumerables asesinatos. Excesos escudados por el mismo control judicial ejercido sobre manifestantes durante los últimos 82 días, pues en Yaracuy, como en toda Venezuela, no hay jueces penales, jueces agrarios, fiscales públicos ni defensores del pueblo, hay sicarios corruptos al servicio del mandatario regional, como expresión de la gravísima agudización de la violación a Derechos Humanos en la región yaracuyana, evidenciando la disfuncionalidad completa de las instituciones del Estado que tienen en Franklin Cova, Pedro Eloy González, Juan Veliz, Antonio Bianchi, Gustavo Villegas Julien, Luisa Rivero de Villegas, sus familias y vecinos, víctimas que no se cansaran de exigir justicia sin impunidad para los ecocidas y asesinos que los hostigan.

Desde el 2011 lo viene diciendo Joel Figueroa, “en estas infracciones se han visto envueltas la Dirección de Minas y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Yaracuy, igualmente la Empresa Socialista Minerales de Yaracuy, instancias que en las solicitudes de Medida Cautelar y Medida Preventiva introducidas se han colocado del lado de las empresas que realizan el saque de arena con graves consecuencias para las comunidades… como consecuencia del afán mercantilista de Julio León y sus socios en este negocio”, logrando dañar, de manera irreparable, la calidad de vida del yaracuyano con un “ecocidio continuado”, con graves repercusiones para toda la región centro occidental, que no pareciera tener fin como escenario de delitos que no prescriben.

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