Cuentas Claras “2016: El año que vivimos al borde del abismo”

El año 2016 será recordado como el peor de la historia reciente de Venezuela. La hiperinflación, el desempleo, la escasez de alimentos y medicinas, el racionamiento del servicio eléctrico y de agua, el colapso de ambulatorios y hospitales, el aumento de la violencia expresada en más narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión, violación de derechos humanos, la emigración forzada y los negocios ilícitos con el diferencial cambiario, pero sobre todo la desbordada corrupción, causa de la mayoría de los males mencionados, junto con un modelo político fracasado – hacen de los últimos doce meses los más oscuros de los que se tenga memoria.

“No existe ningún caso en la historia de la delincuencia organizada donde no haya estado presente el apoyo de políticos corruptos. La retribución de los delincuentes a esos políticos, se realiza a través del financiamiento de campañas políticas o directamente por sobornos”. La corrupción es como el tango, para bailarlo se necesitan dos. Los empresarios que sobornan y los funcionarios sobornados”. Edgardo Buscaglia

Los papeles de Panamá, los narco-sobrinos, el billetazo y Odebrecht, pero sobre todo el derrumbe de Pdvsa, son los casos que marcaron este año. La principal empresa nacional fue víctima de la fracasada y corrupta administración de Rafael Ramírez Carreño y la red de parientes y amigos que la manejaron como si fuera de su propiedad. Durante los diez años que Ramírez estuvo al frente de Pdvsa, logró el control total de sus finanzas a través de una red de más de treinta familiares directos e indirectos, amigos y ex compañeros de estudios a los cuales colocó en posiciones clave. La lista incluye familiares del ex presidente Hugo Chávez. Pdvsa pasó de ser una importante empresa petrolera internacional a un tinglado de negocios financieros ilícitos que desangró las finanzas del país.

Como consecuencia de la corrupción y de una desastrosa gestión, Venezuela se quedó sin dólares para importar medicinas y alimentos, entre otros bienes. El régimen de Maduro decidió entonces ponerle la mano al llamado arco minero, el último tesoro de Venezuela.

La violencia aumentó en un país ya extenuado y se potenciaron los “delitos de hambre” como calificó el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) a los saqueos masivos.

La responsabilidad de Rafael Ramírez en la debacle de Pdvsa

El 16 de noviembre, luego de varios meses de investigación, la Asamblea Nacional votó por unanimidad la responsabilidad política de Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo y Minería, por la trama de corrupción que le costó al país más de 11 mil millones de dólares y solicitó a Nicolás Maduro su destitución como representante de Venezuela ante la ONU. El informe de la Comisión de la Contraloría que dio origen a la votación fue presentado por su presidente el diputado Freddy Guevara (Unidad-VP) quien dijo que “aquí solo hay 10 casos de los que se consiguieron pruebas, aún quedan muchos sin investigar”.

Las principales – más no las únicas – irregularidades que sustentan esta primera decisión de la AN son: Los taladros chinos; el fraude de Francisco Illaramendi con fondos de los trabajadores; los sobornos a funcionarios de Pdvsa por parte de Roberto Rincón y Abraham Shiera a cambio de contratos; millonarios fondos relacionados con Pdvsa encontrados en cuentas personales de ex altos funcionarios, operadores y contratistas de la petrolera en Banca Privada de Andorra (BPA); el caso de los seguros y reaseguros de Pdvsa destapado por la tragedia de Amuay y los oscuros negocios de su operador Diego Salazar Carreño, primo hermano de Rafael Ramírez; el caso de la gabarra Aban Pearl; el Fondo Simón Bolívar, entre muchos otros. Además de Ramírez, el informe de la Comisión de Contraloría señaló una lista de 21 directivos de Pdvsa y sus filiales, responsables de los casos investigados.

El trabajo de la AN no culmina con el informe presentado en noviembre. Guevara señaló que las averiguaciones sobre las tramas de corrupción relativas al sector eléctrico, salud, misiones sociales y área financiera (Fondo Chino y Bandes, entre otros), continuarán en 2017.

Lucro con el hambre de los venezolanos

Sin duda, el caso más escandaloso señalado por la comisión es el de Pdval, conocido popularmente como “Pudreval”, sobre el que el diputado dijo: “Ramírez sabía que los alimentos se iban a perder y no hizo nada. Cuando veas a un venezolano comiendo basura es porque Rafael Ramírez se robó los reales!”

Ramírez no fue el único alto funcionario señalado por el parlamento. En abril, la Asamblea Nacional aprobó sancionar al ex ministro de Alimentación, general Carlos Osorio, al ex presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), general Giuseppe Yoffreda y al ministro para la Alimentación, Rodolfo Clemente Marco Torres, quienes no comparecieron ante el parlamento a pesar de haber sido citados en varias oportunidades. La AN los determinó su responsabilidad política en la gestión y en los presuntos hechos de corrupción en la importación estatal de alimentos.

Los altos militares no acudieron a dar explicaciones sobre las denuncias interpuestas contra ellos. Carlos Osorio nunca aclaró las razones por las que un proveedor, al que benefició con varios contratos, transfirió casi 6 millones de dólares a una cuenta en Suiza perteneciente a dos de sus cuñados. Por su parte, Rodolfo Marco Torres perdió la oportunidad de justificar su firma en supuestas órdenes de compra con sobreprecio. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la AN para remover a los ministros del gobierno.

La compra de alimentos bajo la administración chavista se volvió un negocio cambiario. Tanto con Chávez como con Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco licitaciones internacionales o consultas de precios. Las adquisiciones han sido hechas de forma totalmente discrecional, apunta el informe de la AN.

Mientras tanto, los venezolanos padecen hambre y enfermedades como lo reflejan algunos medios de comunicación nacionales, pero sobre todo los internacionales y las redes sociales.

Con el título Ejército de Venezuela trafica alimentos en época de hambre, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó en diciembre una extensa investigación sobre el hambre en Venezuela que señala a miembros de las Fuerzas Armadas al frente de la importación de alimentos como responsables de irregularidades y del colapso socio económico que ello ha producido. Apoyada en más de sesenta entrevistas, AP señala que el gobierno importa ahora casi todos los alimentos del país y los sobornos a los generales están incluidos en los altos precios de las importaciones. Según Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia entrevistado por AP “si Venezuela pagara los precios del mercado, podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población, en vez de eso, hay gente muriendo de hambre”.

Confirma también la nota de AP una información que circuló extraoficialmente durante 2016: Fiscales de EEUU están investigando a empresarios y altos funcionarios, incluyendo a efectivos del ejército, por lavado de recursos —por dinero que pasa por el sistema financiero estadounidense— provenientes de los contratos de alimentos.

Se fue Cadivi pero quedó el cadivismo

En enero, fue removido de la directiva de Pdvsa, Erik Malpica Flores. El “hombre detrás del tesoro” –como era llamado en los pasillos de la petrolera– ejercía simultáneamente la función de Tesorero de la nación en la Oficina Nacional del Tesoro (ONT), de donde también fue excluído, siendo sustituido por Nelson Reinaldo Lepage Salazar. Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, era la pieza clave mediante la cual la esposa de Nicolás Maduro ejercía control e influencia en las finanzas públicas, afirmó una fuente vinculada a la petrolera. Su autoridad llegó a estar por encima de la del presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino. Malpica Flores se mantiene fuera de Pdvsa y de la ONT pero no del régimen, sobre el cual aún conserva una influencia determinante.

Desde la ONT se han realizado multimillonarias operaciones ilícitas desde que el chavismo llegó al poder. Siempre bajo el control de los militares, por ella han desfilado la almirante Carmen Meléndez, ex de Maniglia, el teniente Alejandro Andrade, y la sargento técnico y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén, entre otros.

Los papeles de Panamá sacuden al mundo y enmudecen al régimen de Maduro

En abril, los denominados papeles de Panamá pusieron al descubierto las millonarias cuentas en paraísos fiscales de varios venezolanos, entre ellos, precisamente la ex tesorera nacional Claudia Díaz Guillén y su esposo el capitán Adrián Velásquez Figueroa, ex edecán de Hugo Chávez.

Un operativo policial con fiscales del Ministerio Público se desplegó el 14 de abril en el edificio donde residían Díaz y Velásquez, justo once días después de que se conociera la filtración de los papeles de Panamá que reveló que Velásquez abrió cuentas en Suiza a través de empresas de maletín registradas en el bufete panameño Mossack Fonseca. Los señalados ya habían salido del país. Sin embargo, el Ministerio Público imputó por legitimación de capitales al hermano de Velásquez, Josmel Velásquez Figueroa, quien fue privado de libertad. Dos días después fue liberado por el juez del Tribunal 14º de Control de Caracas, Jorge Timaury, a pesar de que el mismo había sido recusado por fiscales del Ministerio Público por permitir presuntas irregularidades durante la audiencia de presentación. Se desconoce el paradero de Díaz y los Velásquez, contra los cuales existen órdenes de detención de Interpol.

Claudia Díaz no es la única alta funcionaria señalada en los papeles de Panamá. El ex vicepresidente de Finanzas y directivo de Pdvsa Eudomario Carruyo ha sido uno de los ejecutivos de la industria con más cargos y señalamientos. En 2006 la Contraloría General le abrió un proceso por no efectuar la declaración jurada de bienes. En 2011 figuró por su presunta participación en el esquema Ponzi de Francisco Illaramendi. Cuatro años después de tenerlo como cliente, en 2009, Mossack Fonseca se enteró que era una Persona Políticamente Expuesta, pero mantuvo la relación comercial porque no se le encontró “vínculos con actividades ilícitas”.

Sin embargo, los documentos de Mossack Fonseca muestran las operaciones realizadas a través de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Suiza por Carruyo, este último país donde las autoridades judiciales anunciaron en abril que 18 bancos apoyarán a EEUU en la investigación de lavado de dinero a través de cuentas de Pdvsa.

La única detenida en Venezuela por el caso de los papeles de Panamá es Jannet Coromoto Almeida, por presuntamente captar clientes en Venezuela en representación del consultorio jurídico panameño Mossack Fonseca.

Los papeles de Panamá también confirmaron tramas de corrupción y otros ilícitos de la crisis financiera venezolana que estalló en 2009 como el caso de los hermanos Castillo Bozo y Banvalor.

La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera utilizaba casas de bolsa y sociedades de corretaje de títulos valores para las operaciones cambiarias ilegales con las que se apoderaron de millones de dólares de las arcas públicas. Algunas fueron adquiridas por nuevos propietarios y otras se hicieron disponibles a través de alianzas, pero todas estaban dirigidas a ejecutar el suculento negocio del diferencial cambiario.

El sector asegurador tampoco se salvó de ser usado para estas multimillonarias operaciones financieras. Durante la intervención se detectaron varios fideicomisos de inversión que se crearon para ocultar las fuentes y el uso de los fondos del Estado, desviados posteriormente a paraísos fiscales a través de complejas y oscuras operaciones financieras. El principal fue el de Seguros BanValor de los hermanos Castillo Bozo.

Los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública, simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento. Los hechos sucedieron así: raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsa y la República, los Castillo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares: realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados de su conglomerado de empresas, sin que éstos supuestamente lo supiesen. Tras la denuncia de los afectados, las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Una de ellas: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones. Los papeles de Panamá revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. De la mayoría de ellas no se conoce actividad comercial ni administrativa alguna.

La pirámide del Banco Peravia

Los creativos hombres de finanzas surgidos durante el chavismo traspasaron las fronteras y adquirieron bancos en el extranjero, sobre todo en el Caribe, para que sirvieran de instrumento en la concreción de operaciones financieras ilegales. Tal es el caso del Banco Peravia en República Dominicana.

En agosto, Omar José Farías Luces y su hijo Omar Gustavo Farias Pacheco, fueron acusados por la justicia dominicana – junto a directivos y socios del quebrado Banco Peravia – de fraude bancario, estafa, abuso de confianza, asociación de malhechores y lavado de activos. Entre los casi cincuenta acusados figuran Gabriel Arturo Jiménez Aray y José Luis Santoro Castellano, quien fue detenido por el Sebin a la orden del Tribunal Supremo de Justicia, que finalmente negó la solicitud de extradición de las autoridades de la isla caribeña.

Los dominicanos culpan a Jiménez Aray y Santoro Castellano de realizar un fraude piramidal en base a captaciones de depósitos en dólares – prohibidos en la isla – además de sustraer dinero de las cuentas de ahorros de sus clientes. También habrían emitido préstamos de manera fraudulenta y pagado sobornos con tarjetas de crédito. Las numerosas víctimas del fraude denunciaron que los directivos del Banco Peravia captaban los recursos en dólares, entregaban a los clientes certificados financieros falsos, ya que no reportaban el ingreso de estos valores y luego se querellaban contra los clientes a los que no devolvían el dinero. Dentro del Banco Peravia funcionaban cerca de cien empresas fantasmas utilizadas en la trama de fraude.

El 4 de agosto la Fiscalía dominicana informó sobre el arresto de Omar José Farías Luces, uno de los acusados en el fraude millonario del Banco Peravia. No era la primera vez que el nombre de Omar Farías salía a relucir en un caso de irregularidades financieras.

Banca Privada de Andorra cerró pero el caso sigue vivo

Farías Luces es presidente y propietario de Seguros Constitución, uno de los mayores contratistas del régimen venezolano a través de decenas de ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías, pero en especial de Pdvsa.

Se trata de uno de los protagonistas del escándalo de Banca Privada de Andorra, donde aparecieron varias cuentas de su propiedad que reflejaban millonarias transferencias a altos directivos de la petrolera. Farías y Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño y operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa, tuvieron sus cuentas congeladas por casi dos años en BPA por órdenes de las autoridades financieras del Principado. Los fondos fueron finalmente liberados por no haber ninguna investigación en curso en Venezuela.

Sin embargo, en julio, cuando todo parecía concluído, el Consejo Superior de Justicia del Principado de Andorra solicitó a las autoridades francesas competentes congelar los bienes que pudieran tener en Francia, Diego Salazar Carreño y Omar Farías Luces, operadores de los seguros y reaseguros de Pdvsa. La acción de aseguramiento de bienes incluye a la red de representantes, testaferros y empresas de Diego Salazar Carreño y Omar Farías, involucrados en el caso de Banca Privada de Andorra destapado por la acusación del Departamento del Tesoro de EEUU (Fincen, marzo 2015) por la legitimación de más de 2 mil millones de dólares relacionados con una trama de corrupción dentro de Pdvsa bajo la administración de Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa, ex ministro de Energía y primo hermano de Diego Salazar Carreño.

Corrupción en PDVSA: El único procesado en Venezuela huyó a Canadá

Mientras tanto en Venezuela, el único alto funcionario de Pdvsa detenido y enjuiciado por hechos de corrupción, José Luis Parada, ex director de Pdvsa Occidente, huyó del país luego de evadir la medida de casa por cárcel que tenía desde mayo, a la espera de juicio. El ex funcionario cercano a Rafael Ramírez estaría en Canadá. Con su detención y enjuiciamiento en marzo junto a la también funcionaria de la petrolera, Nubia Parada Mendoza – ambos acusados por el Ministerio Público de delitos de peculado doloso continuado y asociación para delinquir – se había comenzado a intervenir en la red de corrupción que surgió y se fortaleció en la Pdvsa de Rafael Ramírez.

A pesar de haber manifestado varias veces que lucharía contra la corrupción y haber pedido hasta una Ley Habilitante para ello, Maduro continúa sin desmantelar las redes de corrupción enquistadas en Pdvsa lo que hace sospechar que más bien estarían siendo suplantadas por otras.

A pesar de las denuncias, siguen los negocios eléctricos con China

El régimen de Venezuela anunció en noviembre nuevos proyectos con empresas chinas en el sector eléctrico que se suman a los 102 contratos existentes en los que el país ha invertido hasta ahora 5.533 millones de dólares, según dijo el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. El anuncio se hizo sin haber presentado hasta ahora una evaluación de los 102 proyectos supuestamente en marcha dentro del denominado Fondo Chino-Venezolano. Como denunciamos en CuentasClarasDigital en mayo pasado, por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica decretada en 2010, cuando su primo hermano Rafael Ramírez Carreño era ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa. China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC), empresas energéticas estatales con contratos eléctricos en Venezuela, realizaron decenas de transferencias por cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, su operador personal y testaferro, en Banca Privada de Andorra (BPA). La información se desprende de investigaciones realizadas por autoridades de Andorra, España, Estados Unidos y China a las que Cuentas Claras Digital tuvo acceso.

Venezuela quiere saber a quiénes sobornó Odebrecht

La operación “Lava Jato” que investiga desde hace más de dos años la trama de corrupción de Petrobras, ha obligado a suspender proyectos de infraestructura previstos en seis países de Latinoamérica. Venezuela es el país más afectado, pues se tendrán que renegociar cinco proyectos, entre los que se encuentran la expansión del metro de Caracas, cuyas obras recibieron 1.280 millones de dólares del BNDES, y del astillero Astialba, destinado a fabricar barcos petroleros para PDVSA. Venezuela también fue el país que recibió más sobornos de la trasnacional brasileña a cambio de contratos. El Grupo Odebrecht pagó 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido en diciembre.

Mônica Mouran, una publicista arrestada por el caso, afirmó en febrero que la constructora Odebrecht hizo pagos ilegales a las campañas electorales de varios países, entre ellas la de Hugo Chávez en 2011. Moura afirmó que la campaña de Hugo Chávez en 2011 costó 35 millones de dólares y se pagó en su mayoría con fondos “no contabilizados” de forma legal procedentes de “varios donadores”, entre ellos Odebrecht, a través del ejecutivo Fernando Migliaccio. Los pagos de Odebrecht habrían sido realizados en empresas de fachada en paraísos fiscales y habrían ascendido a casi un millón de dólares.

La Asamblea Nacional anunció en diciembre el inicio de una investigación que identifique a los funcionarios sobornados por Odebrecht.

Salud: Los hospitales de la corrupción

La Comisión Permanente de Contraloría de la AN aprobó en diciembre el informe final en el que se declara la responsabilidad política de la ex ministra del Poder Popular para la Salud, la coronela María Eugenia Sader por “pagos de anticipos no permitidas legalmente, valuaciones de obras sin la suscripción de los contratos respectivos, incumplimientos de los cronogramas y plazos de ejecución, falta de acciones administrativas, extrajudiciales y judiciales emprendidas para el logro de la construcción de seis (06) hospitales”. Entre los hospitales que se encuentran el Hospital General especializado en Materno Infantil de Apure; el Hospital General especializado en Toxicología y Oncología de Barinas; el Hospital Cardiológico de Adultos del Distrito Capital; el Hospital General especializado en Nefrología de Guárico, el Hospital General en Gastroenterología y Oncología de Mérida y el Centro Nacional de Oncología de Miranda, todos centros asistenciales que debieron culminarse en 2012.

El informe también acuerda dictar la responsabilidad política de los ciudadanos, Lucas Pou Ruan (Directivo de la Empresa Pemegas C.A) y del ex ministro Francisco “Farruco” de Asis Sesto. El primero resultó beneficiado con los contratos otorgados por el Ministerio de Salud para la construcción de los hospitales, lo que habría representado un beneficio “excesivamente cuantioso” para Lucas Pou. La investigación determinó que el empresario Lucas Pou Ruan era socio del ex ministro para la transformación de la Gran Caracas, Francisco “Farruco” de Asis Sesto, por lo que este habría influido de manera ilícita para favorecer a Pou Ruan. El informe señala que la influencia de “Farruco” Sesto en la otorgación de los contratos es tan evidente que luego de la adjudicación del contrato para los seis hospitales, continuaron adjudicaciones cada vez más altas, como la construcción del Mausoleo para el Libertador Simón Bolívar y la escultura construida con motivo del Bicentenario del 19 de abril en la Plaza El venezolano en San Jacinto.

Las revelaciones del caso de tráfico de drogas de los sobrinos Flores

Sin duda, 2016 es el año de uno de los procesos que mayor expectación – y a la vez censura -ha generado en el país: el juicio por narcotráfico a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. A lo largo del proceso judicial contra los sobrinos de la pareja presidencial adelantado en un tribunal de Nueva York en EEUU, la fiscalía probó —más allá de la duda razonable— que los acusados eran culpables de conspirar para traficar cocaína desde Caracas a Honduras y que para cometer el delito utilizaban sus conexiones políticas, incluyendo el uso del hangar presidencial para sacar las drogas de Venezuela. La Fiscalía aseguró que Campo Flores y Flores de Freitas se sentían “tan poderosos e intocables” por ser familiares de la pareja presidencial que creían que “podían trasladar casi una tonelada de cocaína de un aeropuerto a otro sin ser detenidos”. El gobierno estadounidense probó la culpabilidad de los acusados con grabaciones de videos y audio, fotos y transcripciones de conversaciones telefónicas mostradas al jurado, donde los dos convictos aparecían negociando el envío de 800 kilos de cocaína de Venezuela a Honduras a cambio de 20 millones de dólares, y a los informantes de la DEA diciendo que el destino final de los cargamentos sería Estados Unidos.

Como mencionados, más no investigados, aparecieron en el proceso los siguientes nombres:

Cilia Flores: esposa de Maduro, diputada a la Asamblea Nacional, madre de crianza de Campo Flores y tía de Flores de Freitas. En las evidencias aparece como supuesta beneficiaria del dinero de la conspiración, puesto que Campo Flores dijo a los narcotraficantes mexicanos y hondureños que con el dinero ganado por la operación iba a pagar la campaña de Celia Flores para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

Bladimir Flores: El nombre del hermano de Cilia Flores, actualmente Inspector General del Cicpc, salió a relucir durante la audiencia de supresión de evidencias celebrada en la corte el 8 y 9 de septiembre de 2016. El agente de la DEA, Sandalio González, afirmó que “El Sentado” le dijo que supuestamente un funcionario venezolano de nombre Bladimir Flores lo había contactado asegurando que les enviaría a unos sobrinos a finiquitar el negocio con las drogas.

Diosdado Cabello: El nombre del ex presidente del Parlamento y diputado de la Asamblea Nacional salió a relucir tres veces en el juicio. Fue mencionado por José Santos Peña, uno de los informantes de la DEA, y por Flores de Freitas en una conversación con “El Sentado”. Erick Malpica Flores: sobrino de Cilia Flores, ex tesorero de la nación y de Pdvsa hasta enero de 2016. Campo Flores lo mencionó en su confesión con el agente del DEA, Sandalio González. Dijo que le había pedido unos favores para que le pagaran unas deudas a unos empresarios, con lo cual iba a obtener unas comisiones, pero que finalmente no le hizo el favor.

El 22 de noviembre, la AN instaló una Comisión Especial conformada por los diputados José Luis Pirela, Ismael García, Teodoro Campos, José Trujillo e Ismael León para investigar el caso de los denominados narco sobrinos y sus relaciones con los funcionarios del gobierno de Maduro que les habrían facilitado las actividades ilícitas por las que serán condenados en EEUU en febrero.

La generosidad de Ruperti

El caso de tráfico de drogas de los sobrinos de Cilia Flores puso en evidencia una vez más las estrechas e ilícitas relaciones entre los más altos funcionarios del régimen y los contratistas del Estado. En septiembre, Wilmer Ruperti contratista de Pdvsa, reconoció en una entrevista reseñada por The Wall Street Journal que estaba pagando los honorarios de los abogados de los sobrinos de la pareja presidencial. Señala el artículo de WSJ, que Ruperti negó que tal ayuda tuviera ninguna relación con el contrato de Pdvsa por 138 millones de dólares que recibió una de sus empresas en 2016, ni la deuda por 700 millones de dólares que mantiene la petrolera con otra de sus compañías. Qué relación tiene el pago de esos abogados con el interés de que Pdvsa le reconozca lo que supuestamente le debe y le siga otorgando millonarios contratos? Cuál es el origen del dinero con el que el filántropo Ruperti cancela las facturas de los abogados de los sobrinos de Cilia Flores? No proviene acaso también del Estado venezolano?, son algunas de las preguntas que se hacen los venezolanos.

Por su parte, la pareja presidencial y el presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino estarían bordeando peligrosamente el abismo de varios delitos. Como mínimo: tráfico de influencias, aprovechamiento ilícito, información privilegiada y conflicto de intereses, todos delitos relacionados con la administración discrecional y arbitraria del patrimonio público en la contratación de proveedores como Ruperti.

Despierta el caso Makled

Suspected Venezuelan drug lord Walid Makled arrives at Venezuela airport after being extradited from Colombia in Caracas

Otro importante caso de tráfico de drogas que se movió este año luego de un largo y misterioso silencio es el de Walid Makled.

El 27 de diciembre, la Sala Casación Penal del TSJ decidió que revisará el juicio contra Walid Makled. El presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, se reservó el recurso que el Ministerio Público interpuso en septiembre para que se repita el juicio contra Walid Makled y sus hermanos Alex, Basel y Abdalá, cuya condena a 14 años de prisión pareció insuficiente a la Fiscalía.

El Ministerio Público no está conforme conque a Makled se le haya declarado inocente del delito de sicariato contra el periodista Orel Zambrano y el veterinario Francisco Larrazábal. Esta decisión hizo sospechar al MP que el entonces juez Alí Fabricio Paredes decidió favorecer al acusado y por ello le abrió un procedimiento, por el cual estaría detenido. Makled fue condenado a 14 años y 6 meses de prisión por el tribunal a cargo del juez Paredes tras comprobar su vinculación con el tráfico de drogas y la legitimación de capitales pero lo absolvió por los delitos de asociación para delinquir y sicariato en perjuicio de Sambrano y Larrazábal. Siete años después, a pesar de que los autores materiales están convictos y confesos, el Tribunal 20º de Juicio del Area Metropolitana de Caracas aún no ha ordenado la realización de un nuevo juicio contra Walid Makled, tal como lo solicitó el MP el pasado 23 de septiembre. Ahora, el TSJ asume la responsabilidad de concretar el caso.

Año de masacres

Tres masacres conmovieron a la opinión pública este año: Tumeremo ( Bolívar), Barlovento (Miranda) y Cariaco (Sucre).

El 6 de marzo un sobreviviente confirmaba una balacera y la muerte de por lo menos diecisiete personas en un yacimiento de oro en Tumeremo. Durante dos días los familiares de los desaparecidos bloquearon carreteras para llamar la atención y exigir que aparecieran los cuerpos de sus deudos. La AN designó una comisión especial y el MP nombró a un grupo de fiscales y expertos para investigar los hechos. A pesar de los desmentidos del gobernador del estado Bolívar, las sospechas se confirmaron. La banda de ‘el Topo’, uno de los cuatro grupos que al sur del estado Bolívar controlan las minas, fue la responsable de la masacre. Mineros aseguran que estos grupos hamponiles actúan en complicidad con efectivos de la Fuerza Armada Nacional y el Cicpc. El 7 de mayo funcionarios del Sebin confirmaron la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, principal acusado de la masacre junto a otros cinco individuos más, ya detenidos.

El 15 de octubre, doce jóvenes desaparecieron y luego fueron asesinados por funcionarios del Ejército. Se los llevaron detenidos en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), realizado en Barlovento. El 26 de noviembre, el MP informó sobre l amputación penal por varios delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios del Estado Miranda, a 11 ex efectivos militares por su presunta responsabilidad en la masacre. Los efectivos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mismo día 26, según comunicado del Ministro de Defensa.

El 11 de noviembre, seis sujetos encapuchados atacaron a un grupo de pescadores que esperaba el pago de la jornada de trabajo en Cariaco, asesinando a nueve hombres y dejando malheridos a otros tres. El 25 de noviembre fueron privados de libertad cinco funcionarios adscritos al Comando Nacional Anti extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas) por su presunta responsabilidad en la masacre.

En julio, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, había calificado de “preocupante” la cantidad de denuncias recibidas por el MP, sobre todo por violaciones a los derechos humanos, en el marco de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que lleva a cabo a escala nacional el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a cargo del mayor general Néstor Reverol. Informó Ortega que hay un alto índice de funcionarios procesados penalmente por atentar contra los derechos fundamentales de las personas en el marco de dichos operativos de seguridad.

Arco minero: Asalto al último tesoro de Venezuela

Las declaraciones iniciales del general Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, desestimando las denuncias, así como las acusaciones por terrorismo del ministro del Interior Néstor Reverol contra el diputado Américo De Grazia por las denuncias sobre la matanza de Tumeremo, no evitaron que el tema de fondo saliera a la luz pública, aunque censurado en la mayoría de los medios de comunicación venezolanos. La minería ilegal y el control de la zona por parte de bandas de delincuencia organizada en alianza con militares y policías corruptos es un tema que el régimen de Maduro tendrá que solucionar para ejecutar el macro proyecto minero anunciado este año: El Arco Minero del Orinoco.

En agosto, Maduro firmó acuerdos con diversas empresas extranjeras y nacionales por más de 20.000 millones de dólares para proyectos mineros en el sur del país. Con la vista puesta en las reservas de oro, diamantes y coltán, a espaldas del país, de manera opaca e ilegal – como ya es usual en este régimen – se está comprometiendo gran parte de la riqueza que aún le queda a Venezuela.

La creación del proyecto Arco Minero por decreto presidencial en febrero pasado fue rechazada por la Asamblea Nacional, que según los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional, debía aprobarla. Por lo tanto, los acuerdos firmados hasta ahora por Maduro con empresas de Canadá, Italia, China y Congo son ilegales. Resulta insólito que entre ellas se encuentren por lo menos dos compañías extranjeras a las que el gobierno revocó concesiones en el pasado por prácticas contra el medio ambiente como Gold Reserve (oro-2009) y Guaniamo Mining Co. Ltd. (diamantes-2003) y la controversial empresa suiza Glencore, de oscuro historial en Guayana en la explotación del níquel. Tanto estas empresas transnacionales como las venezolanas que participan en el proyecto, fueron seleccionadas a dedo, sin concurso público, lo que constituye otra grave irregularidad. En el caso de las compañías nacionales que firmaron en el acto con Maduro, Merentes y el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico Roberto Mirabal, ninguna tiene la experiencia, ni el capital ni los recursos humanos para emprender la explotación de los yacimientos en cuestión, en especial los de coltán, el metal estratégico más valioso del momento. Todo indica que se trata de empresas de maletín mineras.

La AN no es única que objeta el Arco Minero. Desde ecologistas y agrupaciones indígenas, trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del propio régimen, sostienen que el proyecto traerá más destrucción ambiental, enfermedades, violencia y delitos de los que ya sufre la región.

El billetazo

Cuando ya nadie creía que Venezuela podía tener un fin de año peor, a Maduro se le ocurrió el Billetazo. Los billetes de 100 bolívares volvieron a la calle luego de que Maduro prorrogó su vigencia hasta el 20 de enero, tras sacarlo de circulación a mediados de diciembre para golpear -dijo- a las mafias que acaparan ese papel moneda en las fronteras de Colombia y Brasil. Maduro dio marcha atrás después de que se produjeran protestas y saqueos con un saldo de al menos cinco muertos, mas de cuatrocientos detenidos (cuatro por lavado de dinero) y trescientos cincuenta negocios saqueados.

 

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