Denuncian despido de trabajadores que participaron en referéndum revocatorio contra Maduro en CVG Alcasa

Para los dirigentes sindicales la directiva de la empresa vulneró los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Cnrbv); el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Dlottt), y en el artículo 21 de la misma ley, entre otros estamentos legales de los cuales Venezuela es suscribiente

Autoridades de la organización Coalición Alcasiana, integrada por representantes de Alianza Laboral Alcasiana y Movimiento Progresista Laboral, denunciaron el despido de varios trabajadores de la reductora de aluminio, tras participar en la validación de firmas del Referéndum Revocatorio contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
El despido de los trabajadores que vulnera el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (Cnrbv); el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Dlottt), y en el artículo 21 de la misma ley, se realizó este miércoles por orden expresa del presidente de la factoría, Ángel Marcano.

Cacería de brujas

Juan Carlos Moya, representante de Alternativa Laboral Alcasiana, aseguró que la mayoría de los trabajadores despedidos poseen amplia trayectoria en la compañía, impactó negativamente en sus compañeros de trabajo.
“En CVG Alcasa estamos frente a una casería de brujas, la desincorporación de nuestros compañeros de trabajo no es m{as que un vil pase de factura por parte del régimen, ante la caída en la popularidad del primer mandatario nacional”
Moya reveló que nunca en CVG Alcasa se había registrado una persecución de este tipo, menos aun que el desempeño político de un trabajador estuviera por encima de sus funciones en la empresa.
“La mayoría de nuestros trabajadores cesados poseen entre 10 y 25 años de servicio en la planta, por lo que los cargos que ostentan se deben al esfuerzo realizado por mantener a la empresa productiva y no a prebendas personalistas como pretenden hacer ver la directiva de la compañía”.
Para el representante de Alternativa Laboral Alcasiana, la salida de los trabajadores de CVG Alcasa, responde a una sola causa su participación en la activación del Referéndum Revocatorio contra Nicolás Maduro, razón por la cual llevarán el caso a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias, con el fin de garantizar el derecho al trabajo y la alimentación que poseen tanto ellos como sus familias.

Acciones a Tomar

Por su parte Miguel Ekar, representante de Movimiento Progresista Laboral, señaló que la decisión del presidente de la empresa de votar a los trabajadores alcasianos, vulnera el Decreto de Inamovilidad laboral realizado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
“Este es un régimen que se hace llamar obrerista en el discurso pero que en la práctica es netamente capitalista y dictatorial, pues vulnera las leyes para imponer sus decisiones en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos”.
Ekar aseveró que pese a esta nueva amenaza en contra la clase trabajadora de CVG, la repuesta de sus trabajadores no será otra que la unidad monolítica y la defensa de sus compañeros de trabajo.
“En las próximas horas estaremos consignando un documento ante el Defensor del Pueblo de Ciudad Guayana, Kenny Barrios, para solicitarle la reincorporación de nuestros compañeros de trabajo a la planta, así como el restablecimiento de sus derechos al trabajo y la alimentación consagrados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”.
De manera paralela, Ekar anunció que elevarán el caso de los trabajadores ante la comisión de la Asamblea Nacional que lleva a cabo las investigaciones de persecución política y discriminación contra los trabajadores venezolanos en todo el país, con el fin de documentar la violación de sus derechos e iniciar las acciones legales correspondientes para su incorporación en la planta. (Prensa Alternativa Laboral)
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Los representantes sindicales calificaron la medida como un pase de factura por parte del régimen, ante la caída en la popularidad del primer mandatario nacional

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