El conflicto de poderes desatado en Venezuela desde que la oposición controla la AN registra nuevo pico de tensión

La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) aprobó parcialmente anoche una enmienda constitucional y una reforma a la Ley Orgánica de Referendos, como parte de la estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora para limitar el mandato de Maduro.

La enmienda, que deberá ser ratificada en referendo, postula reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial y restringir a una sola la posibilidad de reelección -que hoy es ilimitada- de presidente, gobernadores y alcaldes.

En ese caso, el mandato de Maduro terminará el 10 de enero de 2017 y deberá llamarse a elecciones para escoger a su sucesor dentro de los 30 días siguientes al referendo y “a más tardar” el segundo domingo de diciembre de este año.

Aprobada en primera discusión -debe volver a comisión y votarse en segunda instancia por el plenario de la Asamblea-, la iniciativa incluye una cláusula transitoria que advierte que la Sala Constitucional del TSJ “no podrá efectuar interpretación alguna sobre el texto de esta enmienda que impida u obstaculice su aplicación”.

De este modo, los legisladores buscaron “blindar” la eventual enmienda de la estrategia ya desplegada por el chavismo de neutralizar decisiones parlamentarias a través de la declaración de inconstitucionalidad por parte del máximo tribunal.

Los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante votaron en contra por considerar que el contenido del proyecto “altera el espíritu de la Constitución” y, por lo tanto, no debería ser pasible de una enmienda sino de una reforma, que no es atribución de los diputados sino de una asamblea constituyente.

Asimismo, la Asamblea aprobó también anoche en segunda discusión -pero no fue sancionada porque tuvo modificaciones durante el debate y volvió a comisión- la reforma de la Ley Orgánica de Referendos, con el fin de agilizar el proceso ya en marcha destinado a convocar a un referendo revocatorio del mandato de Maduro.

La oposición sostiene que el Consejo Nacional Electoral (CNE, también controlado por el chavismo) le impuso requisitos adicionales, no previstos por la ley, para demorar el trámite con el objeto de que si Maduro fuera revocado por la ciudadanía, lo sea después del 10 de enero de 2017.

De acuerdo con la legislación vigente, si la Presidencia quedara vacante antes de esa fecha debe llamarse inmediatamente a elecciones, pero si eso ocurre después el período debe ser completado por quien desempeñe la Vicepresidencia.

“No les vamos a hacer el favor a ustedes de recoger las firmas para que el referendo sea el año que viene, les saquemos nosotros a Maduro y ustedes pongan a otro”, dijo durante el debate el diputado opositor Freddy Guevara.

El legislador aludió no solo a la disposición constitucional sobre la eventual vacancia en la Presidencia sino también al hecho de que al menos tres sectores del chavismo están maniobrando para controlar ahora al gobierno, imponer un vicepresidente -que no se elige sino que lo designa el mandatario, igual que a los ministros- y hacer caer a Maduro después del 10 de enero.

Esos tres grupos -que, además, compiten entre sí- están encabezados por los generales Vladimir Padrino y Miguel Rodríguez Torres, actual ministro de Defensa y ex ministro de Interior y Justicia, respectivamente, y el abogado Tareck El Aissami, también ex ministro de Interior y actual gobernador del estado Aragua, según versiones de prensa difundidas con insistencia en las últimas dos semanas.

“Ustedes saben que esta ley no va a ser aprobada; esta ley es inconstitucional y la Sala Constitucional la va a declarar así”, advirtió el diputado oficialista Jesús Montilla y sostuvo que “no va a haber referendo este año”.

Por otra parte, la Asamblea promulgó una ley que había sancionado semanas atrás, que ordena otorgar a jubilados y pensionados una remuneración adicional en bonos de compra para la adquisición de alimentos y medicamentos.

En Venezuela el presidente no tiene la facultad de vetar leyes pero debe promulgarlas expresamente para que entren en vigencia. Si no lo hace el jefe del Ejecutivo, puede hacerlo el parlamento.
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