Han confiscado tierras, activos, inventarios y ahora quieren confiscar mano de obra

La resolución 9855 publicada en Gaceta Oficial, donde se establece que el Gobierno puede obligar a las empresas privadas y públicas a prestar a sus trabajadores al área agroalimentaria, sigue generando reacciones entre representantes del sector productivo. Al respecto se pronunció ayer el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, quien alertó que la medida sólo promueve dudas e incertidumbre, amenazando la ya menguada fuerza de producción, publica El Tiempo.

Martínez llamó a explicar los detalles y el efecto que tendrá esta resolución para las empresas, ya que se corre el riesgo de generar nuevas pérdidas en materia de elaboración de alimentos.

“El Gobierno nuevamente anuncia un decreto en materia laboral de forma inconsulta y de forma impuesta, que tiende a (crear) complicaciones, Hemos visto que nos han confiscado tierras, activos, han confiscado inventarios de materia prima como de productos terminados y ahora van a la confiscación de la mano de obra. Nos parece que esto no agrega valor a las soluciones sino, por el contrario, va a empeorar la situación” señaló el presidente de Fedecámaras.

Martínez apuntó que las unidades productivas actualmente hacen su mayor esfuerzo para mantener la capacidad de generar bienes y servicios en el país, y en caso de que para el sector alimentos le quiten personal esto llevará a disminuir la producción.

Sin obligación a cumplirla

Asimismo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, advirtió que la resolución 9855 es una agresión a la libertad de trabajo. “Un ‘gobiernito’ que se decía obrerista ahora emite una resolución para obligar a los obreros a cambiar su línea de trabajo“, opinó.

Por su parte, el presidente del Frente Autónomo en Defensa del empleo, el salario y el sindicato (Fadess), Froilán Barrios, apuntó que ningún trabajador está obligado a cumplir con la resolución divulgada por el Ejecutivo el martes. “Un trabajador puede desacatarla”, señaló
Manifestó que ninguna disposición de un ministro o representante del Ejecutivo puede estar por encima de convenios internacionales, la Ley Orgánica del Trabajo o la Constitución.

El decreto establece que las empresas están obligadas a cumplir con el préstamo de trabajadores con el fin de aumentar la productividad del sector agroalimentario, por un período de 60 días prorrogable por un lapso similar.

Reclamo
El presidente de Fedegro, Antonio Pestana, advirtió que la decisión de implementar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para la distribución de alimentos, nunca llegó a discutirse en el Consejo de Economía Productiva.

Fuente: La Patilla.

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