The New York Times: Así es el duelo de poderes que frustra a la oposición en Venezuela

Cuando la oposición venezolana tomó el control de la Asamblea Nacional este año, los legisladores se dispusieron a utilizar sus poderes para alejar al país del legado del expresidente Hugo Chávez.

También se comprometieron a lograr la liberación de decenas de presos políticos que languidecen en las cárceles, y regalarles las viviendas públicas a las personas que viven en ellas. Los nuevos diputados incluso dijeron que iban a convocar a un referendo para separar del poder al sucesor elegido por Chávez, el Presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, una y otra vez, los tribunales del país –dirigidos por partidarios de Maduro, elegidos unos días antes de que cambiara la Asamblea Nacional– han obstaculizado ferozmente los esfuerzos de la nueva legislatura, lo que hace que muchos se pregunten si los diputados venezolanos tienen algún tipo de poder real.

Ya los tribunales han limitado el poder de los legisladores para remover a los jueces, revocaron una ley diseñada para estabilizar la economía y ratificaron un decreto de emergencia de Maduro rechazado por los legisladores sobre el argumento de que excede la autoridad presidencial.

Pero tal vez el golpe más fuerte llegó el lunes, cuando el Tribunal Supremo del país revocó una ley de amnistía que podría liberar a unos 120 prisioneros, muchos de ellos activistas o políticos de oposición encarcelados por su participación en protestas contra el gobierno. Los jueces declararon que el proyecto de ley es inconstitucional.

“Es una clara estrategia del gobierno de Maduro para hacer que la asamblea sea completamente inútil”, dijo Michael Shifter, del Inter-American Dialogue, un grupo de investigación de Washington.

El duelo entre los poderes de Venezuela está signado por las amenazas, tanto del presidente como de los legisladores, de removerse mutuamente de sus cargos. La Asamblea Nacional explora una serie de estrategias contra Maduro que buscan convocar al voto popular para cambiar la constitución y acortar el periodo presidencial.

Maduro apoyó recientemente una propuesta para redactar su propia enmienda constitucional que pondría fin al término de los legisladores. “Si veo que es una manera de evitar el golpe de Estado y la cooptación de la Asamblea Nacional, entonces yo mismo lucharé por esta enmienda”, dijo Maduro la semana pasada frente a un grupo de partidarios en el palacio presidencial.

Estos enfrentamientos políticos suceden en un contexto de creciente incertidumbre económica para la mayoría de los venezolanos. Hay racionamiento de agua y electricidad; como una muestra de su creciente desesperación, Maduro decretó que durante los próximos dos meses los fines de semana serán de tres días para los empleados públicos con el fin de ahorrar energía, el mandatario también instó a las mujeres a que no utilicen secadores de cabello con el mismo objetivo.

Dirigentes de la oposición aseguran que 120 personas han sido acusadas por sus opiniones políticas, cifra que incluye a líderes de los partidos y exalcaldes. Buena parte de las detenciones se produjeron durante la ola de protestas de 2014 cuando miles de venezolanos salieron a las calles para pedir la renuncia de Maduro.

Tal vez el preso más famoso es Leopoldo López, exalcalde de un municipio caraqueño y fundador del partido opositor Voluntad Popular. Fue arrestado después de dar un discurso durante las protestas y se le condenó a 13 años por cargos como incitación a la violencia.

El destino de estos prisioneros es un punto central de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta S. Jacobson, se reunió la semana pasada con Lilian Tintori, la esposa de López, en Washington.

“La liberación de los presos políticos en Venezuela debió haber sucedido hace mucho tiempo, me uno a sus familias para pedir su liberación inmediata”, escribió Jacobson en su cuenta de Twitter después de la reunión.

Maduro y sus aliados parecen estar preparados para una larga lucha contra la oposición en los tribunales. Antes de que se instalara la nueva asamblea, el gobierno remplazó a 13 de los 32 jueces de la corte por juristas de confianza, con lo que se aseguró la lealtad de los tribunales. Después de su designación, los nuevos magistrados bloquearon la elección de cuatro legisladores de distritos rurales, con lo que se le quitó a la oposición la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

Shifter comentó que si la asamblea no puede aprobar el resto de las leyes que propondrá este año, eso fortalecería a la línea dura de la oposición que opta por las protestas de calle en lugar de alinearse con los políticos en las elecciones.

“Se va a revivir ese argumento”, dijo. “La facción que quiere aumentar la presión en las calles dirá: ‘Te lo dije, la estrategia electoral no funciona’”.

The New York Times

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