¡Sin dignidad! Vicefiscal rojita rechazada en Buenos Aires por Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

La vicefiscal general de Venezuela, Katherine Harrington, designada en ese cargo por el Tribunal Supremo de Justicia pero desconocida por la fiscal general, Luisa Ortega, no fue admitida a participar hoy en Buenos Aires en una asamblea de la la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).

Fuentes de la organización del encuentro confirmaron a Efe que Harrington se presentó a la cita pero “no pudo participar” porque la AIAMP desconoce su cargo y, además, no integra la lista de la delegación de Venezuela registrada para este evento.

La cita en Buenos Aires fue convocada a petición de Bolivia y reúne a fiscales generales de 17 países de Iberoamérica para analizar precisamente la situación de la fiscal general venezolana, Luis Ortega Díaz, que está sometida a un proceso de enjuiciamiento impulsado desde el oficialismo que podría separarla de su cargo.

Harrington, sancionada por Estados Unidos en 2015 con congelación de bienes y prohibición de entrada a ese país, fue designada el pasado 4 de Julio por el Supremo de su país como vicefiscal general.

Eso ocurrió un día después de que el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, ratificara en ese cargo a Rafael González, designado por la fiscal general el 17 de abril pasado.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, designó en 2015 a Harrington como viceministra para el Sistema Integrado de Investigación Penal y es considerada por la oposición como una aliada de la llamada revolución bolivariana por haber llevado causas de varios dirigentes políticos encarcelados.

La fiscal general se ha distanciado del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y al oponerse al cambio de Constitución que promueve Maduro, lo que le ha valido que desde el chavismo la tilden de “traidora”.

Ortega, que hoy ha hablado con sus colegas reunidos en Buenos Aires a través de vídeoconferencia, ha reiterado que desconocerá las decisiones del Supremo por ser “contrarias a la Constitución”, mientras el Supremo adelanta un enjuiciamiento en su contra que podría dejarla fuera del cargo.

 

 

El Nacional.

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